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Funcionarios y exfuncionarios municipales son interrogados por el uso del sistema SISCONVE en la Intendencia de Cerro Largo en la pasada administración.
El Mirador Arachán accedió en exclusiva al documento citatorio y a las interrogantes planteadas en forma presencial de una investigación administrativa llevada adelante por la actual administración departamental. Preguntas clave sobre funciones, cargamentos y manejo de combustible generan tensión creciente dentro y fuera del edificio comunal.
“ESTO ES PARTE DE LA AUDITORÍA”, se mencionó al pasar antes de comenzar el interrogatorio.
“¿Cuánto cargaba? ¿Para qué era? ¿A quién le devolvió la llave?”
Estas son solo algunas de las preguntas que están enfrentando quienes, durante la pasada administración, tuvieron acceso a una llave electrónica del sistema SISCONVE, herramienta oficial del Estado uruguayo para el control del combustible vehicular en la flota pública.
Bajo el expediente N.º 3653/25, la Dirección General Jurídica Notarial de la Intendencia de Cerro Largo dio inicio a una investigación administrativa confidencial que ya provocó citaciones telefónicas a funcionarios activos y notificaciones escritas a exfuncionarios. La misma fue solicitada por el Intendente Christian Morel.
Las entrevistas están a cargo de la Dirección General Jurídica Notarial, y siguen un protocolo riguroso con preguntas directas sobre el manejo del combustible:
- ¿Qué función cumplía y en qué Dirección?
- ¿Quién le entregó la llave digital?
- ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad realizaba cargas?
- ¿Para qué vehículo, maquinaria o destino estaba autorizado el combustible?
- ¿Dónde se realizaban las cargas?
- ¿A quién devolvió la llave al dejar el cargo?
- ¿Fue prestada a terceros o utilizada por otras Direcciones?
La trazabilidad en juego
El sistema SISCONVE permite un seguimiento en tiempo real de cada litro de combustible: quién lo autoriza, quién lo carga, cuándo, dónde y para qué vehículo. La llave electrónica es personal y todo queda registrado.
La investigación busca reconstruir el circuito completo de uso del combustible departamental y detectar si existieron fallas en los controles, autorizaciones informales o incluso eventuales desvíos de recursos públicos.
Fuentes de la administración consultadas nos manifestaron que hay más de una veintena de exfuncionarios a los que les llegará la citación si aún no les ha llegado. Hace un mes fue solicitada la mencionada investigación administrativa que está en curso y es reservada.
De constatarse irregularidades en los manejos del combustible en la pasada administración esto podría derivar en actuaciones judiciales.
¿Están obligados a concurrir y declarar los exfuncionarios?
Este punto legal es clave. De acuerdo con la legislación uruguaya, y consultado por este medio un abogado de reconocida trayectoria, se confirmó lo siguiente:
“Un exfuncionario no está legalmente obligado a declarar en una investigación administrativa. Puede ser citado como testigo voluntario, pero no tiene la obligación de comparecer ni puede ser sancionado por no hacerlo, ya que no mantiene vínculo funcional con la Intendencia.”
La Ley N.º 19.823 (Procedimiento Administrativo) habilita a la Administración a convocar a toda persona que pueda aportar información útil, pero no puede obligar a exfuncionarios a concurrir, salvo que el caso pase a la Justicia Penal, donde sí se puede ordenar su comparecencia.
Por el contrario, los funcionarios activos sí están obligados a declarar, al estar sujetos al régimen disciplinario vigente.
Una investigación que podría escalar
Aunque el expediente permanece reservado y en etapa preliminar, las repercusiones internas ya se sienten. El combustible insumo costoso, controlado y altamente sensible se ha convertido en el epicentro de una auditoría que avanza en busca de claridad sobre el manejo de los combustibles en la pasada administración municipal.
Dependiendo de sus resultados, la investigación podría:
- Determinar responsabilidades funcionales o disciplinarias.
- Derivar en observaciones internas o informes técnicos institucionales.
- Ser elevada a la Justicia Penal, si se detectan hechos con apariencia delictiva.
